No Pagamos pregunta dónde está el dinero que Pulido pidió prestado para construir un nuevo Edificio del Mercado

En el pleno del Ayuntamiento de Cuenca celebrado el pasado 28 de marzo se adoptó el acuerdo, con el voto de la mayoría que representa el PSOE, para iniciar los trámites de privatización del edificio del mercado municipal con el objeto de proceder a su remodelación.

El PP cometió graves irregularidades al destinar el dinero de un préstamo a largo plazo a gastos diferentes del que justificaba su solicitud. El PSOE, que gobierna actualmente, no responde ni aclara nada acerca de qué se ha hecho con ese dinero. Ese dinero forma parte de la enorme deuda municipal que está pagando la ciudadanía con los impuestos, las tasas y la pérdida de calidad de los servicios municipales.

Se trata de préstamos por un total de 33 millones de euros, 24 millones formalizados en 2012 y que se empiezan a amortizar en este año 2014, y 9 millones de euros, formalizados en 2013, todos con altos tipos de interés.

La excusa con la que el Ayuntamiento pretende justificar esta nueva privatización es que en estos momentos no cuenta con los recursos para “abordar una inversión como ésta”.

El PP votó en contra de esta propuesta, pero con argumentos de procedimiento, ya que manifiesta que le gustaría apoyar la nueva privatización. 

Además de mostrar un total rechazo a las privatizaciones que se vienen sucediendo en el Ayuntamiento de Cuenca, el colectivo No Pagamos quiere recordar una cuestión que denunciaba en el tercer informe que elaboró sobre la deuda municipal (véase aquí). 

En el año 2009, gobernando el PP, se formalizaron préstamos a largo plazo, por un total de 9,5 millones de euros. De ese dinero, 2,5 millones se justificaban para la remodelación del edificio que ahora se pretende privatizar.

En febrero de 2013, se solicitó al Ayuntamiento información, para que explicara a qué actuaciones se había dedicado ese dinero. Todavía no han respondido. 

El anterior Alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido, recibió en 2009 un crédito de 2, 5 millones de euros para construir un nuevo Edificio del Mercado. No pagamos-Cuenca pregunta: ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué ahora hay que privatizar el edificio cuando estamos pagando el crédito con sus intereses para uno nuevo que no se construyó? ¿Por qué el actual Alcalde, Juan Ávila, no dice nada acerca de este asunto?

¿Se suma el PSOE de Cuenca a la auditora de la deuda?

En el mismo Pleno del 28 de marzo se aprobó igualmente una moción presentada por el PSOE a través de la que se solicita al Gobierno de España que revise las condiciones de los préstamos concedidos para el pago a proveedores.

Estos préstamos fueron objeto del cuarto informe de auditoria de No Pagamos (véase aquí).

Ahora el PSOE de Cuenca, que voluntariamente solicitó acogerse a ese Plan de Pago a Proveedores, teniendo que elaborar para ello un duro Plan de Ajuste, está pidiendo que el Gobierno de España revise las condiciones de esos préstamos.

Solicita que se amplíe el periodo de carencia, es decir, que no se comience la amortización de los préstamos en 2014, sino en 2016, que se amplíe el plazo de amortización y que se reduzcan los tipos de interés.

Pudiera ser que estemos ante un puro interés electoral, solicitando que se aplacen pagos hasta después de las próximas elecciones municipales, que, recordemos, serán a mediados de 2015, (Su solicitud supondría tener más de 3 millones menos de gastos en deuda en los años 2014 y 2015, al aplazar las amortizaciones).

Si el PSOE de Cuenca considera que esos préstamos, que se han establecido para hacer frente al pago de una deuda comercial que ellos mismos contribuyeron de manera importante a crear, tienen unos tipos de interés especulativos, como denunció el colectivo No Pagamos, y que sus plazos de amortización no son adecuados, debería iniciar los procedimientos adecuados para declarar ilegitima esa parte de la deuda y proceder a su NO PAGO y no simplemente a su aplazamiento. 

Igualmente debería trasladar esa petición a la dirección del PSOE y a Rubalcaba, para que fuera extendida a todas las administraciones que se han acogido al Plan de Pago a Proveedores en todo el país.

Si no lo hacen así, nos tememos que simplemente estén intentando salvar la cara en vistas de las próximas elecciones municipales. 

Imagen 1: el nuevo edificio del mercado tal como lo presentaba el vídeo promocional de “Cuenca revitaliza” (véase aquí).

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El colectivo No Pagamos de Cuenca se coordinará con la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

El colectivo No Pagamos de Cuenca ha anunciado en comunicado de prensa su vinculación a la red de coordinación en nodos locales de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).

De esta manera, el colectivo se une a los diversos grupos de personas que en diferentes puntos de la geografía española están llevando a cabo una auditoría ciudadana de la deuda tanto de la Administración Central como de comunidades autónomas y ayuntamientos. No Pagamos de Cuenca comparte con los restantes nodos de la PACD la consideración de que el problema de la crisis actual y de las políticas de austeridad gira en torno de una deuda que en buena parte hay que considerar como ilegítima en tanto que su pago supone la inculcación de derechos básicos.

Para No Pagamos es importante la coordinación de todas las personas que están implicadas en esta pelea contra la deuda ilegítima y los responsables de la crisis. Es necesario que aprendamos unos de otras, que conozcamos nuestro trabajo y que copiemos mutuamente referencias y herramientas.

La vinculación con la PACD es también esencial para No Pagamos porque el problema de la deuda atraviesa todas las administraciones y todos los ámbitos y es importante conectarlas todas y entablar la lucha por los derechos sociales a todos los niveles. La coordinación con la PACD, igualmente, supone un apoyo y un refuerzo mutuos que son necesarios para ampliar nuestra capacidad de intervenir socialmente.

La Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD) “No debemos. No pagamos” se formó en marzo de 2012 con personas procedentes de diversos colectivos y movimientos como ¿Quién debe a quién?, Ecologistas en Acción, Attac o el 15M, con la intención de llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda en el Estado español. Actualmente la red de la PACD tiene nodos en Alicante, Asturias, Madrid, Barcelona, Tarragona, Badalona, Valencia, Galicia, Bizkaia, Guipuzcoa, Sevilla, Córdoba, El Vallès, L’Hospitalet del Llobregat y Zaragoza entre otros. El nodo de Valladolid y No Pagamos de Cuenca han sido los últimos en incorporarse a la red.

La PACD, a su vez, forma parte de la Red Internacional Ciudadana por la Auditoria (International Citizen Audit Network – ICAN) que, bajo el lema “No Debemos. No Pagamos”, aglutina movimientos y redes en diferentes países europeos y del Norte de África que luchan contra las medidas de austeridad a través de la realización de Auditorías Ciudadanas de la Deuda.

Como afirma en su página web, la PACD entiende “que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad”. Es por ello que exige el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que nos ha llevado a esta situación. Considera que la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir que no se pague. Un cambio de modelo económico y social que acabe con la hegemonía del poder financiero, el empoderamiento de la ciudadanía y la denuncia de los responsables de la crisis son objetivos que la PACD considera inseparables de la auditoría y del repudio democráticos de la deuda.

Coincidiendo con la Semana de Acción Global Contra la Deuda (del 8 al 15 de octubre), la PACD ha publicado un libro y dos informes. El libro lleva por título ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Está publicado por Icaria* y se compone de artículos escritos por diversos especialistas y colectivos que abordan el tema de la deuda desde la vertiente internacional y nacional, así como las repercusiones que está teniendo en los servicios públicos, en la desigualdad de género o en el incremento de la pobreza, el problema de la ilegitimidad de la deuda y el del planteamiento de alternativas.

El primero de los informes, a los que se puede acceder desde la barra lateral de su página (auditoriaciudadana.net), se titula “La ilegitimidad de los rescates a la banca en el Estado español”. En este informe, la PACD pone en claro que el trasvase de fondos públicos a las manos privadas de la entidades financieras se ha producido no sólo a través de la entrega directa de fondos, sino por medio del Banco Central Europeo que ha prestado a interés negativo un dinero que luego los Estados han comprado a un interés exacerbado. Insiste que el Estado, además de comprar activos tóxicos, está avalando a los bancos y, asumiendo un riesgo que tiene un coste real para sus arcas. El informe analiza las consecuencias del rescate bancario en el recorte de derechos, expone los argumentos por los que la deuda contraída por el Estado a causa de ese rescate ha de considerarse ilegítima y apunta que el repudió democrático de la deuda ilegítima debe entenderse como una medida más dentro de un conjunto de líneas de acción que la ciudadanía necesita emprender si quiere hacerse cargo de su porvenir.

El segundo informe responde al epígrafe “Las políticas fiscales en España y su impacto en la Deuda”. El objetivo de este informe es denunciar las mentiras que oficialmente se difunden acerca de la fiscalidad del Estado. La mayor falsedad consiste en culpar de la crisis al gasto social para recortar en servicios públicos y en derechos laborales. El informe evidencia, sin embargo, que el incremento del déficit anual se debe a la “gran reducción de los impuestos a los capitales y a las rentas más altas, a los rescates bancarios, a la enorme permisividad con el fraude fiscal y a los intereses de la misma deuda que son causados por la falta de protección por parte del Banco Central Europeo”.

* http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1416

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El colectivo No Pagamos de Cuenca exige que se publique el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento de Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca se ha venido acogiendo a las tres fases del Plan de Pago a Proveedores con el objeto de hacer frente a la enorme deuda comercial, generada por una nefasta gestión desde la época de la burbuja inmobiliaria. El Plan supone convertir esa deuda comercial en deuda financiera a devolver en diez años con elevados costes en intereses y, así, hacer frente a los pagos pendientes con sus proveedores. Esa deuda está siendo cargada sobre el conjunto de la ciudadanía.

Las normas adoptadas por el Gobierno del PP para el pago a proveedores exigen, a los Ayuntamientos que se acojan a ellas, la adopción de duras medidas que se tienen que concretar en la elaboración de un Plan de Ajuste para los próximos diez años, periodo en el que se tienen que devolver los préstamos. En aplicación del modificado artículo 135 de la Constitución, el pago de esa deuda a los bancos es prioritaria sobre todas las demás obligaciones de las administraciones públicas.

Después de los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca el día 27 de septiembre, si el Ministerio los acepta, el Ayuntamiento de Cuenca tendrá que revisar el Plan de Ajuste que elaboró en el año 2012, para acogerse a las dos primeras fases del Plan de Pago a Proveedores, y además tendrá que adoptar ajustes adicionales para poder acogerse a las medidas para dar liquidez al Ayuntamiento.

Se tendrán que reducir un 5% los gastos en personal y en la prestación de los servicios municipales y en un plazo de tres años, financiar al 100% todos los servicios municipales con las tarifas que pagamos la ciudadanía. Esto supondrá la elevación de muchas tarifas o la desaparición de esos servicios. Ya en los últimos años se han subido bastante algunos impuestos y tasas.

Además el Ayuntamiento queda intervenido: Sus presupuestos se deben someter a un informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda. El dinero que se ingrese  para la mejora de la liquidez debe ingresarse en una cuenta controlada por el Ministerio. Y las mejoras que se puedan obtener en ese sentido sólo se podrán destinar a pagar la deuda con los bancos y a minorar obligaciones pendientes de pago. Se prohíbe la prórroga de los Presupuestos por más de un año y no se podrán hacer nuevas operaciones de crédito en los próximos diez años.

La adopción de estas duras medidas, por haberse acogido voluntariamente al Plan de Pago a proveedores, va a condicionar de manera muy importante la vida de esta ciudad durante los próximos diez años como mínimo, exigiéndonos a toda la ciudadanía esfuerzos importantes.

A pesar de que el Plan de Ajuste “será público”, según la Ley Orgánica 2/2012, el Ayuntamiento no lo ha facilitado a varias organizaciones que lo solicitaron el pasado mes de febrero. Ahora ha tenido que revisarlo y ha sido enviado al Ministerio el pasado 27 de septiembre.

Lo más democrático hubiera sido que, antes de que el Pleno decidiera acogerse a esas medidas, sabiendo los condicionantes que desde el Ministerio se le exigen, hubieran dado a conocer a la opinión pública el Plan de Ajuste. Por otra parte, están apareciendo informaciones a cuentagotas de ese Plan, de forma interesada y parcial.

Ante todo ello, desde el colectivo No Pagamos de Cuenca, exigimos al Ayuntamiento de Cuenca que publique en su página Web el Plan de Ajuste, según el modelo oficial establecido al efecto, para que podamos conocer de manera oficial qué va a ser de la gestión municipal en los próximos diez años y cómo va a afectar al conjunto de la ciudadanía  Es un derecho que tenemos y exigimos su cumplimiento.

Imagen del Pleno del 27 de septiembre de 2013 en el que se aprobó el Plan de Ajuste: Cuenca Alternativa.

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No Pagamos-Cuenca considera que la ciudadanía debe negarse a pagar las “irregularidades” cometidas con las sedes de los agentes sociales

Según informa en un comunicado el colectivo conquense “No Pagamos”, el Ayuntamiento de Cuenca se encuentra en una gravísima situación económica, que se está trasladando a la ciudadanía mediante la subida de impuestos, tasas y precios públicos, mientras que ésta recibe en cambio, menos y peores servicios.

Igualmente se deterioran las condiciones laborales de los trabajadores municipales y de las empresas que han sido contratadas por el Ayuntamiento para la prestación de servicios, que a veces, ni siquiera cobran sus salarios.

La principal causa de estos problemas, afirman, es el enorme endeudamiento que se ha generado en estos últimos cinco años. En el año 2014, el Ayuntamiento tendrá que pagar a los bancos por este concepto un millón de euros al mes aproximadamente.

Por ello, el colectivo No Pagamos de Cuenca, dentro de la campaña general por la auditoría de la deuda está auditando la deuda del Ayuntamiento, para que por parte de la ciudadanía se conozca cómo se ha generado esa deuda, quiénes han sido los responsables de la misma y, en último lugar, abrir un proceso para declarar ilegitima aquella parte de la deuda que se haya contraído en perjuicio de la población, en procesos no democráticos o violando la legalidad, y negarnos a pagarla.

Coincidiendo con la presentación del segundo informe de auditoria elaborado por este colectivo, sobre el préstamo de cinco millones de euros suscrito por el Ayuntamiento en el año 2008, para la construcción de las nuevas sedes para CEOE, UGT y CCOO, se ha producido una polémica entre el PSOE y el PP sobre este asunto, derivada de los contactos que se están manteniendo con el Ministerio.

Al margen de declaraciones interesadas de los responsables del PP y del PSOE, lo que tenemos en estos momentos, afirman desde el colectivo, es:

1.- Unos edificios a medio hacer con las obras paradas, en los que se han gastado más de dos millones de euros.

2.- Un préstamo de cinco millones que se solicito con los votos a favor de PP y PSOE y el voto en contra de IU, para la construcción de estos edificios, del que faltarán por devolver al banco a finales de 2013, unos cuatro millones. Préstamo que ha tenido en este año 2013 unos costes para el Ayuntamiento de 385.000 euros entre amortización e intereses y que se terminará de pagar en el año 2028.

3.- Tres millones de euros por tanto que no sabemos en qué se han gastado, cuando deberían haberse dedicado a la construcción de estos edificios, que es para lo que se pidieron, (como ha reconocido públicamente el Alcalde), y por lo tanto con un más que probable incumplimiento de la legislación de las Haciendas Locales.

4.- Un solar para la sede de la CEOE, en el que dicen que se han gastado unos 700.000 euros y en el que no se ha levantado nada de nada. En otro solar contiguo, cedido gratis por el Ayuntamiento a esta organización empresarial, sí hay un esqueleto de un edificio que es propiedad de CEOE, que está igualmente parado. Ese dinero que dicen que se ha gastado, ¿no habrá sido en el edificio de la CEOE, en lugar del que se debería haber construido y que sería propiedad del Ministerio de Empleo, según el convenio firmado en 2007?.

Además de todo esto, hemos conocido por sus propias declaraciones, (Alcalde actual y oposición), que se hicieron unos modificados del proyecto inicial por problemas de cimentación y que se eliminaron los techos y las paredes de los edificios de las sedes de UGT y CCOO, para que no hubiera modificación económica. ¿Cómo es posible esto?, ¿cómo pensaban terminarlo?, ¿con qué dinero?, ¿pensaban entregar al Ministerio unos edificios sin techos ni paredes?.

A todo esto responde el antiguo Alcalde del PP que, probablemente, el actual Alcalde se está equivocando de asunto y que quizás esté hablando del “Bosque de Acero, en el que el gobierno socialista en el que él era teniente de alcalde, ingresó más de cuatro millones de euros que gastó por adelantado, por un convenio urbanístico que luego no cumplió”. Y se pregunta “donde están esos más de cuatro millones y cómo los va a devolver el Ayuntamiento”. 

Pero los que nos tenemos que hacer preguntas somos la ciudadanía:

¿Los agentes sociales estaban al corriente de todo esto?.

¿El ministerio, fuera cual fuera el partido que gobierne, lo sabía?

¿Por qué si hay tan graves irregularidades cometidas, los responsables municipales no cumplen con su obligación y lo llevan al juzgado o a la fiscalía?

¿Será porque en el fondo se protegen unos a otros, ya que los dos partidos son iguales?

Y por último, desde el colectivo lanzan la pregunta:

“¿Tenemos que pagar todo esto la ciudadanía? Desde el colectivo No Pagamos pensamos que no”.

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Colectivos conquenses piden al Ayuntamiento que rehabilite viviendas municipales para uso de las personas que las necesitan

No Pagamos de Cuenca, ATTAC, STE-Intersindical, Ecologistas en Acción, Zambra y CGT se han unido para denunciar que el Ayuntamiento de Cuenca, en toda la época “democrática”, desde 1979, no se ha ocupado ni preocupado de articular políticas propias de vivienda, entendiendo ésta, como una necesidad y un  derecho básico de las personas y no como una mercancía.

Estos colectivos afirman que todas las políticas puestas en marcha desde la institución se han limitado a dejar hacer y favorecer el papel de los promotores y constructores privados y en “facilitar” suelo a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para pequeñas actuaciones de viviendas de promoción pública que quedaron en propiedad del Gobierno regional.

“Ni siquiera se ha preocupado ni ocupado para tener al día un inventario de las viviendas que ya eran de su propiedad, una política determinada de los usos de las mismas y de mantenerlas a todas ellas en condiciones de ser habitadas”, declaran en nota de prensa.

Señalan que todas estas cuestiones –inventario, normas de uso u ocupación y mantenerlas en condiciones adecuadas de habitabilidad, (salubridad, seguridad, ornato público y decoro, como dicen las propias ordenanzas municipales)–, son obligaciones legales que debería cumplir el Ayuntamiento, pero es conocido que no ha cumplido ni con sus propias normas. Todo lo relacionado con los usos y el estado de las viviendas que forman parte de su patrimonio es un auténtico misterio; un patrimonio que es nuestro, que es de todas las personas que aquí habitamos.

Ahora –denuncian–, frente a los problemas de las personas que han sido o pueden ser desahuciadas por carecer de recursos para sostener el pago de alquileres o hipotecas, el PP y el PSOE se echan en cara la adopción o no de medidas a adoptar con las viviendas municipales, cuando jamás se han preocupado de tener una política relacionada con un parque propio de viviendas.

Lo más grave para estos colectivos es que desde el año 2000 al 2010 el Ayuntamiento ha ingresado unos 38 millones de euros, (6.000 millones de las antiguas pesetas), por la venta del Patrimonio Municipal del Suelo, y no ha dedicado ni un euro de esos ingresos a construir vivienda pública de su propiedad, ni tan siquiera a rehabilitar sus propias viviendas ya construidas desde hace muchos años.

Consideran que con esos recursos se podría haber constituido un importante parque de viviendas municipales para llevar a cabo auténticas políticas sociales en esta materia, cumpliendo con lo que dice la legislación, es decir, habiendo hecho del Patrimonio Municipal del Suelo “el medio principal para el desarrollo del servicio público de intervención en el mercado de suelo y de la política de vivienda”.

Los colectivos se refieren a loafirmadopor el portavoz del PP en el Ayuntamiento, (que durante dos legislaturas tuvo la responsabilidad para haber hecho algo en esta materia) respecto a que el Consistorio debe poner viviendas de su propiedad al servicio de las personas desahuciadas. Y se preguntan si sabe ese concejal cuál es la situación actual de las viviendas del Ayuntamiento. Creen que lo debería saber por las responsabilidades que ha ejercido, pero se lo calla.

Comentan también la respuesta dada desde el Equipo de Gobierno de que “todas las viviendas sociales en condiciones de ser habitadas propiedad del Ayuntamiento de Cuenca, un total de 47 inmuebles, “están ocupadas”. Ya que no dicen para qué y por quién están ocupadas, además de reconocer que tienen viviendas que no están en condiciones de ser habitadas, o sea, que no cumplen ni con sus propias ordenanzas. Como no tienen viviendas propias disponibles, ya que nunca se han preocupado de ello, piden la “colaboración” de propietarios que sí las tengan a cambio de rebajarles el IBI al 90%.

A juicio de estos colectivos, si ahora el Ayuntamiento dice que no tiene dinero es porque se gastaron los ingresos por la venta del Patrimonio Municipal del Suelo en hacer cosas como el Bosque de Acero y en financiar actuaciones insostenibles en el tiempo. De ahí proviene el que digan que tienen que pagar más de 10 millones de euros al año de deuda, entre capital e intereses. Nos suben los impuestos y las tasas y sólo sirve para eso, para pagar la deuda que ellos mismos han generado de una manera irresponsable.

Por último, los colectivos conquenses proponen que el Ayuntamiento dé un paso ejemplar de civismo y se decida a no pagar la deuda, emprenda las acciones legales que estime oportuno para recuperar todo el presupuesto público que se perdió y para que los gestores que de forma “interina” pasaron por el gobierno municipal respondan de su catastrófica gestión. El dinero que se gasta en pagar intereses abusivos podría dedicarse entre otras cosas a rehabilitar viviendas municipalespara ofrecérselas a las personas que las necesitan.

Estos colectivos recuerdan además al Alcalde que esperan de Patrimonio la relación de propiedades del Ayuntamiento y el detalle del uso que tiene actualmente, tal y como se comprometió por escrito a entregarles la concejal de Servicios Sociales. También le recuerdan que aún esperan un documento que recoja el Plan de Ajuste 2012-2020 al cual se ha comprometido el Ayuntamiento con el Ministerio de Hacienda por haberse acogido al plan de pago de proveedores de 2011, que debe ser público.

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El Colectivo No Pagamos defiende que ni los trabajadores ni la ciudadanía deben pagar la deuda ilegítima del Ayuntamiento

El Colectivo No Pagamos afirma que una vez más, como ha ocurrido en otras administraciones, se está obligando a trabajadores/as y a ciudadanos/as a pagar la deuda que los gobiernos han contraído a sus espaldas. Antes fueron el Gobierno Central y la JCCM, ahora es el Ayuntamiento de Cuenca.

Ante esta situación de clamorosa injusticia, el Colectivo considera que ni trabajadoras/es ni ciudadanas/os debemos permanecer pasivos. Como mínimo, debemos respaldar una auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento y demandar que no se pague la deuda ilegítima, se recupere el dinero público que fue a parar ilegalmente a manos privadas y se exijan responsabilidades a los gestores de la catástrofe.

No Pagamos-Cuenca señala que es imprescindible entender que las políticas presupuestarias y la gestión económica del Ayuntamiento de Cuenca, practicadas por los gobiernos municipales del PSOE y del PP, durante los años de la burbuja inmobiliaria, crearon de manera irresponsable una estructura insostenible, cuyas consecuencias se están manifestando con toda su crudeza desde el año 2009, con un aumento de la deuda en más de 50 millones de euros.

Unos y otros gestionaban como si los ingresos derivados del “ladrillo”, a través de recalificaciones y convenios urbanísticos, fueran inagotables. Ignoraban a las organizaciones, colectivos y expertos, que durante los años de bonanza, advertían que el modelo era insostenible, injusto y especulativo y que esos ingresos extraordinarios no debían destinarse a financiar la actividad ordinaria del Ayuntamiento, sino a hacer políticas de suelo y vivienda para frenar la especulación.

Además, con aquellas políticas crearon una ciudad dispersa, mucho más cara de mantener. Se beneficiaron de ello los especuladores y hemos salido perdiendo casi todos con un endeudamiento generalizado.

Ahora, se dedican a echarse la culpa entre ellos, (PP y PSOE), cuando durante aquellos años practicaron y defendieron lo mismo, desde el Gobierno y desde la oposición.

Lo concreto en estos momentos, es que una vez que desaparecieron los ingresos derivados de la especulación urbanística, en el Ayuntamiento se ha generado una enorme “deuda comercial” con todos sus proveedores.

Para hacer frente a esta deuda, la Corporación está utilizando los planes elaborados por los diferentes gobiernos, convirtiendo esa “deuda comercial” en deuda financiera con la Banca, con unos elevados costes en intereses.

El primer plan fue en el año 2009, con el Gobierno de Zapatero. El Gobierno municipal del PP formalizó un préstamo de 13,5 millones de euros (con el apoyo del PSOE) para pagar deudas a empresas y autónomos. Para autorizar su concesión el Gobierno exigía elaborar un Plan de Saneamiento. Pero ese Plan fue ignorado desde el primer día.

Como el problema de fondo no fue resuelto, se siguió generando “deuda comercial” y en el año 2012, acogiéndose a los planes del Gobierno de Rajoy, el Gobierno municipal, está vez del PSOE, con el apoyo del PP, formaliza otros préstamos por un total de unos 24 millones de euros para pago a proveedores, con unos tipos de interés de usura, cercanos al seis por ciento.

La contrapartida para que esos préstamos fueran concedidos era que el Ayuntamiento debía aprobar un riguroso “Plan de Ajuste”, que asegurara en primer lugar que la deuda sería pagada a los bancos, en aplicación del modificado artículo 135 de la Constitución, por acuerdo de PP y PSOE.

Ese Plan de Ajuste ya ha supuesto una importante subida de los impuestos y tasas municipales y un recorte también importante de los gastos en servicios, en inversiones reales y en transferencias corrientes. Todo ello está provocando el descontento general en la ciudadanía, que además siente una sensación de “abandono” en la gestión municipal.

Pero esto no fue suficiente. El desequilibrio tan importante que crearon con su gestión desde el año 2000 hasta el 2009, supone que tras esas dos operaciones, se ha seguido acumulando “deuda comercial”, y para hacer frente a ella, estamos ante una nueva fase, que dicen que será la última, y a la que se vuelve a acoger el Gobierno municipal. Esta vez en una cantidad de unos 12 millones de euros.

Total, en un Ayuntamiento que en el año 2012, ha tenido unos ingresos corrientes de 43,5 millones de euros, en cuatro años, se ha generado una deuda de unos 50 millones de euros, cargada sobre el conjunto de la ciudadanía con peores servicios y con más impuestos.

Los gastos generados por esa deuda han supuesto, por ejemplo, que la carga financiera (amortizaciones más intereses) haya pasado de 960.000 euros en el año 2006, a 8,8 millones de euros en el año 2012. Y seguirá aumentando en estos próximos años, cuando vayan venciendo los periodos de carencia de algunos préstamos.

En esta nueva fase de pago a proveedores que se aprobará en este mes de septiembre, para conseguir esos 12 millones de euros, se le exigen al Ayuntamiento nuevas medidas que supondrán más subidas de impuestos y tasas y deteriorar aún más los servicios municipales.

Tendrán que reducir un 5% los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios y además, en un plazo máximo de tres años, ajustar todas las ordenanzas fiscales para que las tarifas que pagamos financien en su totalidad los servicios municipales. Es decir, peores condiciones laborales para los trabajadores del Ayuntamiento, peores servicios y más impuestos.

No debemos permitir que nos hagan pagar los platos que ellos han roto.

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